Descripción:
En sus treinta y dos años de vigencia, individuos y comunidades han articulado sus demandas de justicia en los términos de la Constitución de 1991 y, a través de ellas, han contribuido a actualizar, concretar y enriquecer su significado. Uno de los frentes en los que la participación ciudadana ha permitido ampliar la comprensión del texto constitucional tiene que ver con los debates –aún en curso– en torno a expandir la titularidad de los derechos para proteger no sólo a los humanos, sino a otros seres sintientes, a los ríos y ecosistemas. Ya el debate mismo ha propiciado una importante reflexión sobre los marcos ontológicos y epistémicos desde los cuales experimentamos el mundo y concebimos la relación entre los seres humanos y las demás entidades con quienes compartimos el planeta Tierra, nuestra casa común. Además de los desarrollos jurisprudenciales efectuados por la Corte Constitucional en respuesta a las demandas ciudadanas de justicia, la aprobación de nuevos instrumentos internacionales de protección de las diversas expresiones de vida que habitan el planeta, y de las plurales formas de humanidad que en él conviven, hoy permiten albergar dentro del marco constitucional –a través del bloque de constitucionalidad– una cuarta dimensión de justicia –ambiental e inter especies– que se integra a las tres antes señaladas.
